Argentina: políticas y organizaciones de Economía Social y Solidaria en la pandemia

Maria Victoria Deux Marzi, Susana Hintze y Gonzalo Vazquez

Otra Economía, vol. 13, n. 24: 201-215, julio-diciembre 2020. ISSN 1851-4715

 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO

Argentina: políticas y organizaciones de Economía Social y Solidaria en la pandemia

 

Argentina: políticas e organizações de Economia Social e Solidária na pandemia

 

Argentina: Social and Solidarity Economy policies and organisations in the pandemic

 

María Victoria Deux Marzi*

[email protected] 

Susana Hintze^**

[email protected]

Gonzalo Vazquez^***

[email protected] 

 

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Resumen: En el marco de la pandemia del covid-19 que afecta actualmente a la Argentina y a toda la región, en este artículo identificamos los principales problemas que están enfrentando en esta coyuntura las organizaciones de la Economía Social y Solidaria, así como las estrategias que se dan para hacer frente a esta crisis que alcanzó escala mundial. A pesar de estas dificultades, las organizaciones están demostrando su capacidad para reorganizarse, reinventarse y proteger a sus asociadxs o integrantes. Asimismo, reconstruimos las respuestas que se instrumentaron desde el Estado desde el inicio de la pandemia, su alcance y capacidad de protección hacia estos colectivos laborales. Finalmente, repasamos las principales propuestas de políticas públicas que demanda el sector, las medidas necesarias y urgentes para proteger a lxs trabajadorxs autogestionadxs y sus unidades productivas, así como las medidas estructurales que traspasen los inciertos contornos de la coyuntura actual y se orienten a la construcción de una sociedad  más solidaria e igualitaria.

Palabras clave: pandemia, políticas públicas, Economía Social y Solidaria, trabajo autogestionado

 

Resumo: No marco da pandemia covid-19 que atualmente atinge a Argentina e toda a região, neste artigo identificamos os principais problemas que as organizações de Economia Social e Solidária enfrentam neste momento, bem como as estratégias que estão sendo implementadas para enfrentar essa crise que atingiu escala global. Apesar dessas dificuldades, essas experiências vêm demonstrando sua capacidade de se reorganizar, se reinventar e proteger seus associados. Da mesma forma, reconstruímos as respostas que foram implementadas desde o Estado desde o início da pandemia, sua abrangência e capacidade de proteção a esses grupos trabalhistas. Por fim, revisamos as principais propostas de políticas públicas demandadas pelo setor, medidas necessárias e urgentes de proteção dos trabalhadores autogestionários e suas unidades produtivas, bem como medidas estruturais que transcendem os contornos incertos da situação atual e se orientam para a construção de uma sociedade mais solidária e igualitária.

Palavras- chave: pandemia, políticas públicas, Economia Social e Solidária, trabalho autogestionário

 

Abstract: In the framework of the covid-19 pandemic that currently affects Argentina and the entire region, in this article we identify the main problems that Social and Solidarity Economy organisations are facing at this moment, as well as the strategies that are being implemented to face this crisis that reached a global scale. Despite these difficulties, these experiences are demonstrating its ability to reorganize, reinvent itself and protect its associates or members. Likewise, we reconstruct the responses that were implemented from the State since the beginning of the pandemic, its scope and capacity to protect these groups of workers. Finally, we review the main public policy proposals demanded by the sector, necessary and urgent measures to protect self-managed workers and their productive units, as well as structural measures that go beyond the uncertain contours of the current situation and are oriented towards the construction of a more solidary and egalitarian society

Key words: pandemic, public policies, social and solidarity economy, self-managed work

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Introducción

 

América Latina –impactada de manera similar al resto del mundo por la pandemia COVID-19– se encuentra sumida en la mayor crisis de su historia moderna. Argentina, a un semestre de la llegada de los primeros casos en marzo 2020, está atravesando una situación sanitaria especialmente grave, con la pandemia empezando a estabilizarse en el gran asentamiento urbano del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA, integrada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios cercanos de la Provincia de Buenos Aires, que concentra más de un tercio de la población del país), pero con extensión creciente de los contagios en otras provincias. Esto pone en riesgo extremo la capacidad de respuesta de los sistemas provinciales y locales de salud, menos preparados que los del AMBA, forzando a retrocesos en la apertura de actividades económicas, en momentos en que gran parte de quienes las llevan adelante se encuentran al límite de sus capacidades de subsistencia pese a las medidas de sostén económico y de las condiciones de vida de la población que el gobierno nacional puso en marcha a partir del mes de abril. Entre ellas figuran las de sostenimiento del empleo con subsidios para el pago parcial de salarios y la prohibición de despidos y suspensiones sin justa causa o por falta o disminución de trabajo (prorrogada hasta el 30/11); la suspensión del corte por falta de pago de servicios eléctrico, gas por redes y agua corriente, telefonía fija o móvil e Internet y TV por cable (extendida hasta el 31/12);[1] la suspensión de desalojos, la prórroga de contratos y el congelamiento de precios de los alquileres hasta el 31 de enero de 2021.

El caso argentino se ve a su vez agravado por las condiciones recesivas, inflacionarias, de endeudamiento, desocupación y pobreza generadas por quienes gobernaron hasta comienzos de diciembre 2019. Un solo ejemplo: la tasa de desocupación promedio para dicho año fue de 9,8%, la más alta desde el 2006. La caída del nivel de actividad entre marzo/junio –periodo fuerte del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) necesario para frenar los contagios– fue del 12,9% del PBI, lo que pone a Argentina en un nivel intermedio entre las economías de América Latina. Este dato es inferior al de México, Chile, Ecuador y Perú, pero igual o superior al de Colombia, Bolivia, Brasil y Paraguay. El número de ocupadxs pasó de 19 a 15 millones, de ese conjunto el grupo laboral con mayor decrecimiento fue el de los monotributistas, (CITRA/CTA, 2020).  La tasa de pobreza que para el  2019  había sido del 35,5% y la de indigencia del 8%, se ubicó en el 40,9% de la población, unos 11,7 millones de personas y la línea de indigencia en el 10,5%, 3 millones de personas en el primer semestre de este año, para todos los aglomerados urbanos del país).[2] 

En este contexto, para analizar la pandemia desde la perspectiva de la Economía Social y Solidaria (ESS) comenzaremos deteniéndonos en la situación de partida y en los efectos del ASPO, que paralizó la movilidad de las personas y las actividades productivas (excepto las consideradas esenciales) y trastocó las condiciones de vida y de sociabilidad. Para ello contamos con relevamientos a referentes e integrantes del sector, realizados en varios municipios del AMBA y en el Gran Rosario (la tercer  área metropolitana de más poblada del país, ubicada en la Provincia de Santa Fe), los que brindan un panorama bastante ajustado de la situación creada por la pandemia en los grandes centros urbanos.

En segundo lugar nos centraremos en las respuestas del Estado a través de políticas públicas nacionales orientadas a mitigar los daños de la crisis, sus características, aportes y limitaciones. Nos basamos en este caso en el relevamiento permanente que llevamos adelante desde el Observatorio de Políticas Públicas para la EPSS (www.oppeps.org). Si bien provincias y municipios han implementado acciones en sus territorios, las correspondientes a la nación son sin duda las más significativas en cobertura, erogaciones y diversidad de aspectos considerados.

En tercer lugar –nuevamente apoyándonos en los relevamientos citados– pondremos en diálogo las políticas con quienes las solicitan y reciben (o no). Interesa especialmente rescatar la percepción sobre las condiciones de acceso a tales políticas, su capacidad efectiva de contener las críticas situaciones del sector, así como lo que consideran políticas “deseables” que permitirían potenciarlo, tanto durante la pandemia como en escenarios posteriores.

En un marco aún de fuerte incertidumbre, finalmente propondremos algunas reflexiones sobre el futuro y las perspectivas que abre una experiencia excepcional e inédita como la que vivimos.

 

1. El impacto de la pandemia en las organizaciones de la ESS en el Gran Rosario y en el AMBA

 

En este apartado compartimos el análisis de la información producida en los relevamientos realizados a referentes de organizaciones de la ESS durante los últimos meses.

El relevamiento del Gran Rosario[3] se llevó a cabo durante el mes de agosto de 2020 y se entrevistaron a 16 referentes de organizaciones de base, de agricultura familiar, comercializadoras de productos de la ESS, cooperativas de trabajo, de servicios y mutuales, así como a las federaciones que las nuclean.

El relevamiento del área metropolitana de Buenos Aires incluye 26 entrevistas realizadas entre julio y agosto de 2020[4] a diversxs referentes del ámbito de la agricultura familiar y la agroecología, de la comercialización de productos de la ESS, de cooperativas gráficas, textiles, de reciclado de residuos, de profesionales que prestan servicios de apoyo y financiamiento a otras organizaciones del sector, así como de redes y federaciones que nuclean organizaciones de todos estos subsectores y de funcionarios de distintos niveles de gobierno que están en contacto permanente con organizaciones de la ESS. Se priorizó fundamentalmente relevar la situación de las organizaciones que nuclean a trabajadorxs autogestionadxs (cooperativas de trabajo, empresas recuperadas, asociaciones de productores, etc.).

En los años previos a la pandemia las organizaciones de la ESS venían padeciendo los resultados de las políticas económicas del gobierno de la alianza Cambiemos (presidencia de Mauricio Macri 2015/19) que afectaron negativamente a los sectores de la producción nacional, y produjeron la desarticulación de las políticas específicas y la desprotección del sector de la ESS. Sólo para ejemplificar, las cooperativas textiles que se habían desarrollado y articulado como sector antes de 2015 sufrieron un conjunto de decisiones políticas que las afectaron negativamente: dejaron de ser proveedoras del Estado nacional, tuvieron que enfrentar la apertura de importaciones textiles baratas, el enorme aumento de los costos de la energía y demás servicios públicos y la drástica caída del consumo de las familias.

Dentro de ese escenario adverso, las organizaciones de la ESS fueron desarrollando diferentes estrategias para seguir produciendo, comercializando y manteniendo la actividad, a pesar de las dificultades para sostenerse. En las entrevistas muchxs referentes lo consideran un período de resistencia y afirman: “nuestras organizaciones sobrevivieron a la pandemia del macrismo”. Con el cambio de gobierno en diciembre de 2019 se habían renovado las expectativas en torno a los nuevos lineamientos de política socioeconómica en general, y en particular sobre las posibles políticas específicas para la promoción de la ESS.

La declaración del ASPO a partir del 20 de marzo provocó en general en este sector  una merma generalizada de las actividades productivas y las ventas, con excepción de las consideradas esenciales. La baja en el nivel de actividad se produjo en la gran mayoría de los subsectores relevados, con la excepción del rubro de producción y comercialización de alimentos frescos, especialmente la horticultura familiar y agroecológica, que cobró gran dinamismo, con un marcado aumento de la demanda.

Algunas actividades pudieron continuar su trabajo desde los hogares de cada trabajador/a, por ejemplo en las actividades de prestación de servicios informáticos, educativos, de asistencia técnica y financiera, etc. Pero en las entrevistas señalaron que debieron hacerlo asumiendo un gran esfuerzo de reorganización familiar, superponiendo las actividades productivas con las de cuidado y producción doméstica.

Luego de un primer periodo inicial de carácter muy restrictivo, en el cual los lugares de trabajo permanecieron cerrados, a partir de mayo y junio se fueron retomando las actividades en concordancia con el progresivo proceso de apertura (o autorización de distintas actividades productivas) dispuesto por las autoridades en los distintos niveles jurisdiccionales.

A partir de las entrevistas se pudieron identificar los “principales problemas” que surgieron o se agravaron a partir del ASPO. Entre ellos, podemos enumerar: la caída en la demanda, la interrupción de la “cadena de pagos”, la imposibilidad de afrontar los elevados costos de las tarifas de los servicios públicos que se habían aumentado durante el gobierno de Macri, el aumento del precio de algunos insumos importados o dolarizados, las dificultades para la comercialización de los productos por el cierre de espacios públicos como ferias y mercados populares, las restricciones en la circulación que redujeron las posibilidades del trabajo en la calle, la forzosa reorganización del trabajo hacia adentro de las unidades productivas y la necesidad de utilizar fondos para adecuar los locales a los protocolos de salud y los espacios domésticos para el trabajo.

Estas consecuencias generales del aislamiento y la pandemia tuvieron diferentes repercusiones según el tipo de organización y la rama de actividad de la que se trata. Pueden identificarse impactos diferenciales en los distintos subsectores, especialmente distinguiendo entre las consideradas esenciales y las que debieron cerrar sus puertas durante las primeras fases del ASPO.

Claramente, las organizaciones más afectadas son las que desarrollan actividades “no-esenciales”, cuyos ingresos corrientes fueron considerablemente reducidos. En palabras de un referente de cooperativas de trabajo, durante los primeros meses (abril-mayo) el 85 % de las cooperativas que integran su federación “estaban paradas sin ningún tipo de actividad”.

Podemos ilustrar este tipo de situaciones en organizaciones de tres ramas diferentes de actividades:

 

·     Las cooperativas textiles en general están trabajando muy por debajo de su capacidad productiva, facturando menos y obteniendo menores ingresos para distribuir entre sus asociados. Ante la caída inicial de la demanda del sector comercial de indumentaria, se volcaron a la producción de barbijos y ropa de protección para la prevención de los contagios, pero ese mercado rápidamente se saturó. Las compras públicas –según relatan varios referentes– quedaron concentradas en pocas empresas que ganan las licitaciones y luego tercerizan la producción a otros talleres textiles, entre ellos los cooperativos, que terminan cobrando la mitad de lo que cobrarían si le vendieran al Estado de manera directa. 

 

·     La actividad de recuperación y reciclaje de residuos, en una primera etapa quedó paralizada, ya que por un lado no se podía salir a recolectar en la vía pública y por el otro no había galpones ni empresas que compraran los materiales para reciclar. Esto ocasionó caídas drásticas de ingresos, en un sector que tiene trabajadores en situación de mucha vulnerabilidad. Gradualmente se fue reactivando la cadena de producción, aunque hay puntos de recolección de residuos para reciclar que siguen inactivos, por ejemplo los “puntos verdes” en escuelas e instituciones, o empresas que no están produciendo ni generando residuos. Algunos de nuestrxs informantes estiman que la actividad de recuperación de residuos cayó un 40% en promedio. Los que recolectan en las calles además se enfrentan a un aumento de la cantidad de personas que se incorporan a la actividad, para procurar ingresos alternativos ante la crisis.

 

·     El nivel de actividad de las cooperativas dedicadas a la gastronomía se derrumbó. En muchos casos son empresas recuperadas por sus trabajadorxs que están luchando por sobrevivir haciendo comida para delivery. Esto representa en ciertos casos tan solo el 10% de la recaudación pre pandemia.

 

A su vez, cooperativas que sostuvieron la producción por encontrarse exceptuadas del ASPO también enfrentaron grandes dificultades para sostener la relación entre ingresos y gastos. Aquellas que cuentan entre sus clientes a algún organismo del Estado tuvieron que afrontar que las prioridades en el gasto público pasaron a estar enfocadas en las áreas de salud y asistencia alimentaria. Al mismo tiempo, las cooperativas que proveen servicios públicos esenciales –de electricidad, telefonía, agua corriente y cloacas– sufrieron numerosas interrupciones en los pagos de las facturas emitidas a asociados y usuarios pero sostuvieron las prestaciones. A la falta de disponibilidad de dinero y la consecuente disminución del consumo en general, se sumaron los gastos para la adaptación de los espacios de trabajo a los protocolos requeridos. Quienes continuaron con la producción sin interrupciones, debieron responder con rapidez, recurriendo a fondos propios, desarrollando protocolos y reorganizando ritmos y formas de trabajo.

Muchxs trabajadorxs de la economía popular en respuesta a las restricciones en la circulación desarrollaron nuevas estrategias de comercialización como la venta ambulante en el propio barrio, el envío a domicilio, y el uso de redes sociales para ofrecer los productos. Estas nuevas formas de ofrecer los productos se correspondieron con algunos cambios de hábitos de consumo de los sectores populares en la búsqueda de reducir intermediarios. Así, entre lxs consumidores se multiplicaron las redes de compra de bolsones de productos frescos, y las compras de organizaciones asociativas, vecinales, etc., de manera directa a los pequeños productores de la agricultura familiar de su localidad.  

Entre las menos afectadas se destacan las industrias alimenticias, que en algunos casos vieron aumentar su producción. Sin embargo, al igual que las demás, enfrentan diversos problemas asociados al costo de los insumos, especialmente los importados, las dificultades en el acceso a algunos de ellos, y el valor de las tarifas, que si bien se congelaron desde el inicio del ASPO, ya resultaban excesivamente elevadas especialmente para las empresas con altas demandas de electricidad y/o gas. 

El subsector de producción y comercialización de alimentos hortícolas es uno de los que presenta mayor dinamismo en la pandemia y tuvo un fuerte crecimiento de la demanda, sobre todo de productos frescos de la agricultura familiar y otros provenientes de productores de la ESS. El pico de esta demanda se produjo en los primeros meses de la cuarentena, que luego se fue estabilizando, pero en términos generales se elevó el volumen demandado respecto de la situación pre pandemia. Se incrementó la demanda de productos agroecológicos, modalidad de producción que no utiliza o minimiza el uso de agroquímicos en la cual varias cooperativas de productorxs son de los principales proveedores del mercado. Es necesario mencionar que el cierre de las ferias, espacios de comercialización al que se destinaban buena parte de estas producciones, hizo que debiera reorganizarse el proceso de compra y distribución, volcándose una gran parte a  la comercialización a través de “bolsones” para venta a hogares. Algunas cooperativas que ya estaban trabajando con esta modalidad, ampliaron todo lo posible su producción y la destinaron en su totalidad a este canal de venta, dejando de vender en otros canales. Otras organizaciones tuvieron que adaptarse a esta modalidad, lo cual implica un esfuerzo significativo de reorganización y mayores costos de funcionamiento y logística (por ejemplo, para coordinar el armado de los bolsones entre productorxs de diferentes localidades), pero en el marco de un crecimiento del volumen y la escala.

En este contexto adverso, las organizaciones de la ESS afectadas se dieron diversas estrategias para conservar los puestos de trabajo y los ingresos de lxs trabajadorxs. Así, a pesar de la caída en la actividad y en los ingresos de las organizaciones, en ningún caso se redujeron puestos de trabajo, según nos informaron lxs referentes entrevistadxs. Las estrategias para hacer frente a los menores ingresos no pasaron en ningún caso por reducir los planteles, lo cual es propio de las organizaciones autogestionadas por sus trabajadorxs, en donde uno de los objetivos compartidos es la creación y sostenimiento de puestos de trabajo, más aún en épocas de crisis económica y social. La información empírica que logramos recabar en el marco de esta crisis inédita generada por la pandemia confirma esta característica esencial de las organizaciones de la ESS: sostienen sus proyectos asociativos utilizando estrategias solidarias, buscando de todas las maneras posibles que la crisis se atraviese “con todos y todas adentro”.

Las estrategias utilizadas para sostener la continuidad de las organizaciones y todos los puestos de trabajo son variadas, pero en general tiene que ver con hibridar recursos, es decir sumar recursos desde distintas fuentes, compensando la caída de los ingresos mercantiles de la organización cuando se produce. Las entrevistas nos muestran que la mayoría de las cooperativas intentaron no reducir los retiros (remuneraciones) de sus integrantes, para lo cual procuraron acceder a las distintas líneas de apoyo estatal. Algunas cooperativas decidieron utilizar reservas y excedentes anteriores para no reducir retiros, o para distribuir un monto razonable. En otros casos recurrieron a créditos no bancarios y préstamos de clientes o proveedores para pagar los retiros, lo cual es una estrategia riesgosa e insostenible más allá de un período breve. No son pocas las organizaciones que dejaron de pagar los servicios e impuestos, acumulando deudas que serán cargas difíciles de levantar a futuro. O que suspendieron el pago del Monotributo (lo que incluye tanto el componente impositivo como el de obra social y previsional), afectando las protecciones de quienes habían logrado acceder a esta cobertura. La reducción de retiros se realiza cuando no queda otra alternativa, pero no de forma general, sino teniendo en cuenta que hay integrantes con mayores necesidades que otrxs, a quienes se prioriza. Por último, conservando el lugar en la organización, algunxs trabajadorxs salen a buscar ingresos temporarios con otros trabajos o changas.

En un claro contraste con el resto, todas las organizaciones entrevistadas que se dedican a la comercialización de productos alimenticios de la agricultura familiar, y también algunos productores, incorporaron más trabajadorxs a sus equipos. Esto fue posible por el importante aumento en  los volúmenes de ventas, y necesario por las múltiples tareas que esto implicó. En los nodos que sirven para la distribución de los alimentos se han incorporado personas, también en las estructuras administrativas y de gestión, y en un caso han incorporado personal especializado (bromatólogos y nutricionistas) para fortalecer las capacidades y el acompañamiento de lxs productorxs. El aumento del nivel de actividad y trabajo en este rubro no significa necesariamente un aumento en los retiros de lxs trabajadorxs, aunque se dio en algún caso. En la mayoría de los casos, esos mayores ingresos se destinaron a cubrir el aumento en los costos que se tuvieron que afrontar para cumplir con las medidas dispuestas a partir del ASPO y la aplicación de los protocolos en los ámbitos del trabajo. Esto implicó aumento en la cantidad de horas de trabajo, suplir ausencias o licencias, aumentos en gastos de movilidad, etc.

En las entrevistas se destacan los cambios en las condiciones de trabajo por la aplicación de los protocolos sanitarios necesarios para el desarrollo de las actividades, que produjeron modificaciones en los lugares trabajo. El primer aspecto a tener en consideración es la menor cantidad y disponibilidad de trabajadorxs (personas mayores, aquellos que tienen enfermedades de base, las embarazadas, etc.) que no pueden concurrir a trabajar por ser consideradas de riesgo.  Y el segundo aspecto, es que en los ámbitos de trabajo se debe respetar el distanciamiento y se establece una reducción de personas en los lugares. En aquellas cooperativas que cuentan con cantidad importante de trabajadorxs se organizan turnos de trabajo. Esta reducción del número simultáneo de trabajadorxs tiene impactos distintos: en algunas cooperativas de escala más pequeña resulta más complicado, ya que, por ejemplo, se requiere un mínimo de trabajadorxs para poner en funcionamiento las maquinarias. Es decir, si es una cooperativa con 50 integrantes pueden concurrir 20 o 25, no es lo mismo que una que tiene 15 y pueden ir 6 o 7 trabajadorxs. También la composición etaria de lxs integrantes de las cooperativas en este punto es clave, ya que existen ciertos subsectores, como el gráfico, que cuentan con población de edad más elevada excluida por ser de riesgo.

Respecto a la conformación de los protocolos, en su mayoría estos fueron realizados por las mismas organizaciones, o bien por las redes o federaciones que las agrupan. En torno al cumplimiento de las medidas de protección, todos manifiestan que llevan adelante los protocolos básicos de protección personal (la utilización de barbijos, guantes, alcohol en gel y distanciamiento social).

Con respecto a las restricciones en la movilidad y el transporte, hay organizaciones que tienen permiso para trabajar y utilizar el transporte público, porque desarrollan actividades consideradas esenciales. En el resto de las actividades es complicado; se dan casos en los que se logran autorizaciones para funcionar, pero no para la utilización del transporte público. Por ejemplo, una empresa recuperada que tenía la habilitación para poder retomar su actividad productiva, no pudo hacerlo al no contar sus trabajadorxs con movilidad propia y con la autorización para poder utilizar el transporte de pasajerxs.

Por lo general, lxs trabajadorxs abocados a las actividades administrativas o de gestión en las distintas cooperativas están trabajando de forma remota desde sus hogares. Y según hemos podido comprobar en nuestras entrevistas, muchas cooperativas y sus integrantes han incorporado prácticas de trabajo remoto, realizan reuniones de trabajo por videoconferencia y también sostienen de esta formas sus asambleas y reuniones de consejo.

 2. Las políticas COVID del gobierno nacional para la ESS

 

El discurso político del gobierno de la coalición “Frente de Todos” que asumió en diciembre 2019 expresó un cambio de rumbo en la orientación hacia la ESS del período 2015-2019 en el que se había puesto el foco en los individuos, con políticas que apelaron al “emprendedorismo” sostenido en las capacidades individuales como condición de la inserción laboral y la integración social. El mérito individual, demostrado con esfuerzo, fue considerado como requisito de la legitimidad de la “ayuda” temporal y limitada brindada por el Estado. El gobierno presidido por Alberto Fernández tuvo escasa posibilidad de mostrar el alcance de sus propuestas iniciales para el sector; arrancó urgido por la necesidad de atender la grave situación alimentaria de los sectores más desprotegidos y muy rápidamente se encontró abocado a dar respuesta a la pandemia. Al asumir sus funciones el presidente señaló “queremos un Estado presente, constructor de justicia social, que le dé aire a las economías familiares: por eso vamos a implementar un sistema masivo de créditos no bancarios que brinde préstamos a tasas bajas. La economía popular y sus movimientos organizados, el cooperativismo y la agricultura familiar serán también actores centrales de estas políticas públicas.” El interés por dejar atrás la especulación financiera para “poner el foco en el trabajo y la producción” abarcó menciones explícitas a las cooperativas, mutuales y emprendimientos de la economía popular en su discurso a la Asamblea Legislativa a inicios de marzo.[5] En ese marco puede leerse la transferencia del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social al de Desarrollo Productivo, y el interés de las autoridades de este organismo en orientar su accionar utilizando mesas territoriales con participación de organizaciones de la ESS.

Desde comienzos de la pandemia fueron tomadas diversas acciones orientadas a la coyuntura COVID y la necesidad de paliar sus efectos económicos sociales.[6] Son de tipo redistributivas, que buscaron, entre otras cosas, facilitar que la falta de actividad no impidiera el pago de los salarios y la subsistencia de los trabajadores independientes. Algunas son específicas para el trabajo asociativo y la mayoría destinadas al trabajo en relación de dependencia. Desde el punto de vista de la forma de implementación se caracterizan por una alta multisectorialidad (ocho ministerios y diferentes reparticiones) y en lo que hace a su orientación cubren una diversidad de aspectos, demandas y necesidades amplia. Algunas tienen una clara perspectiva coyuntural, son productos de la emergencia y dejarán de ser necesarias cuando se llegue a la post pandemia. Otras apuntan a necesidades estructurales que se deberían mantener en el largo plazo si lo que se quiere realmente es constituir un sector que, dentro de una economía mixta, dispute espacios a las empresas capitalistas y contribuya a una nueva sociabilidad basada en la cooperación, solidaridad y reciprocidad.  

Para su análisis contamos con el seguimiento que realiza de manera sistemática el Observatorio de la Economía Popular, Social y Solidaria (OPPEPS),[7] que lleva registradas unas 40 intervenciones entre abril y fines de septiembre. Nos detendremos también en la forma en que las políticas tratan a los colectivos laborales cubiertos y a las unidades productivas a las que pertenecen, que muestra en las intervenciones una valoración diferencial de estos sectores.

Nos centramos aquí en el tipo y características de las medidas, lo cual es claramente distinto de cuándo y cómo han llegado a sus destinatarixs (objeto del siguiente apartado) lo que ha requerido la movilización del aparato del estado para ponerlo en marcha en todo el país, con acciones masivas, que demandan celeridad y, para muchas de las cuales, no había experiencia previa. Las sistematizamos en seis orientaciones destacadas:

 

1) Medidas de “apoyo a la producción” (representan casi el 40% del total). Ofrecen prioritariamente herramientas de financiamiento, a tasas subsidiada y en algunos casos aportes no reembolsables, pero también incluyen un convenio con la empresa ENERGAS para establecer una tarifa social y régimen tarifario especial para empresas recuperadas y cooperativas de trabajo

 

2) Medidas de “apoyo al trabajo e ingresos” (un 20%). Entran en este agregado medidas de otorgamientos de créditos y aportes para solventar ingresos, la más importante, fundamentalmente orientada al trabajo formal, es el Programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP), que incluye a cooperativas y mutuales que cuenten con trabajadorxs en relación de dependencia. Va ya por su sexta versión para cubrir los salarios de septiembre y alcanzó en agosto a unas 165 mil empresas privadas y casi 1,8 millones de trabajadorxs. Para la ESS se encuentra la Línea 1 del Programa de Trabajo Autogestionado (PTA) extendido a cinco meses, así como la línea especial de crédito para cooperativas de trabajo anunciada recién el 1/6 (cuando algo similar para MIPyMES data del 19/3).  

 

3) Medidas de “apoyo a la comercialización” (5%), dos de ellas muy significativas. Por un lado la incorporación de cooperativas y mutuales al Sistema de Información de Proveedores (SIPRO) para ser contempladas en las licitaciones públicas del Estado Nacional para adquisición de bienes y servicios; por el otro acciones de apoyo técnico y logístico a productorxs familiares y pueblos originarios para el traslado de los bolsones con hortalizas agroecológicas, a fin de facilitar el abastecimiento de alimentos durante la pandemia. En el mes de septiembre se comenzó a promover “Mercados de Cercanía” destinados al fomento de estrategias de comercialización de productos y/o servicios brindando equipamiento, capacitación, apoyo económico, servicios de adecuación de espacios, logística y comunicación a unidades productivas y cooperativas de todo el país.[8]

4) Medidas referidas a las “condiciones de trabajo” (5%) que incluyen protocolos de buenas prácticas frente al COVID-19 para agricultorxs familiares (MAGyP) y una red de asistencia digital que ofrece herramientas para promover e implementar el trabajo a distancia, pensada para PyMEs y extensiva a cooperativas y mutuales.

 

5) Medidas que operan sobre la “gestión de las políticas” (un 14% del total). Son de orden distinto a las restantes, no se orientan a la provisión de bienes y servicios o asistencia técnica, sino a facilitar administrativamente la relación con la ESS, incluimos aquí también los procesos de registros de destinatarixs que dan visibilidad y formalizan el accionar de quienes llevan adelante estas modalidades de trabajo.[9]

 

6) Medidas de “protección social y cuidados para población en condiciones de vulnerabilidad social”, como la intervención de mayor peso poblacional, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).[10] A ello se agregan refuerzos extraordinarios a las transferencias de programas existentes (Asignación Universal por Hijos y Tarjeta Alimentar entre otros) y algunos de carácter comunitario como el Programa de Emergencia Sanitaria “El Barrio cuida al Barrio” o el que mejora la funcionalidad de los Centros Integradores Comunitarios para enfrentar la emergencia sanitaria con pequeñas obras comunitarias realizadas a través de la participación social y economía popular. Con perspectiva de género en el mes de setiembre se lanzó el Programa Acompañar, destinado a promover la autonomía de las mujeres y LGBTI+ que se encuentran en riesgo en contextos de violencias de género, fuertemente incrementados por el encierro.[11]

 

Si bien este conjunto de acciones es relevante a la vez muestra un trato diferencial hacia el trabajo asociativo autogestionado respecto del trabajo con patrón: diferencial en montos, tipo de medidas y tiempo de aplicación (un recurso fundamental en este momento).

La comparación de dos de los programas incluidos arriba dentro de las medidas de “apoyo al trabajo e ingresos” permite mostrar tales disparidades. El mencionado Programa ATP, lanzado a poco de iniciarse la cuarentena, complementa los ingresos de dos grupos laborales, con diferentes herramientas: lxs empleadxs formales del sector privado, que trabajan en empresas altamente afectadas por la pandemia, vía una asignación compensatoria del salario que varía entre $16.875 a $33.750, según los ingresos de lxs trabajadorxs, y vía créditos a tasa 0 a los monotributistas y autónomos de cualquier categoría que no presten servicios a organismos públicos o en relación de dependencia, y que hayan registrado un recorte significativo en sus ingresos. Por su parte, los trabajadores asociativos autogestionados están alcanzados por el PTA que estableció inicialmente una asistencia económica de emergencia por dos meses destinada a unidades productivas cuyas actividades se encuentren suspendidas o con ingresos económicos disminuidos. A diferencia del complemento salarial del Programa ATP, que se define en función del salario de los trabajadorxs (alcanzando una cobertura del 100% cuando el salario iguala al salario mínimo, vital y móvil/SMVM), la asignación de emergencia prevista por el PTA se fijó en una suma fija equivalente a $6.500 por cada asociadx, sólo cuando dicha ayuda sumada al ingreso que perciben no supere el monto establecido para el SMVM. A partir del 18 de junio la prestación se extendió a 4 meses y el monto asciende a $ 16.500 similar al salario mínimo; recientemente se aprobó una quinta prestación sin modificación del monto lo que sí sucedió con la sexta del ATP.[12] 

Al mismo tiempo, en relación a las medidas de “apoyo a la producción”, desde mediados de abril, las MiPyMEs (sumamente afectadas por la pandemia) pueden recibir préstamos para el pago de sueldos a una tasa fija del 24% por un año, con un período de gracia de tres meses. Asimismo, cuentan con otra línea para capital de trabajo con una tasa que varía entre el 19% y el 24% anual fija en pesos, según el plazo del crédito (entre 12 y 18 meses). En el caso de las cooperativas de trabajo, y luego de recurrentes demandas, a inicios de junio se comenzó a implementar una línea especial de crédito con una tasa final del 18%, con un monto máximo equivalente a tres salarios mínimos vital y móvil por cada uno de los asociados y tres meses de gracia, exclusivamente para capital de trabajo (compra de insumos, materia prima, pago de asesoramientos, etc.). Volveremos sobre el punto en el siguiente apartado.

 

3. Las organizaciones de ESS en diálogo con las medidas estatales: condiciones de acceso y capacidad de respuesta de las medidas

 

Pese a la importante respuesta estatal que hemos reseñado, es necesario volver sobre la disparidad en el tratamiento entre sectores, porque habla de la diferencia en el reconocimiento social de los distintos trabajos. Las mayores críticas del sector de ESS se centran en la enorme diferencia en el monto de las ayudas económicas a lxs trabajadorxs y la lentitud en la toma de las medidas.

En esta dirección, luego de los dos primeros meses del ASPO numerosas cooperativas de trabajo y sus federaciones han manifestado la necesidad de políticas similares a las destinadas a PyMES y grandes empresas, con un fuerte reclamo por ser incluidas con sus especificidades en el programa ATP,[13] lo que si bien fue mencionado por el Ministro de Desarrollo Productivo en algunos reportajes no se terminó concretando.

En reemplazo, el sector de la ESS contó con créditos subsidiados para las organizaciones asociativas y con subsidios menores para los trabajadores autogestionados a través del PTA. En relación a los primeros, si bien las diferencias en las medidas crediticias para empresas o cooperativas no son tan notorias, sí lo fue la velocidad de respuesta con la que se implementaron. Lxs entrevistadxs destacaron especialmente el rezago de las políticas para el sector. Las palabras del presidente de la Federación de Cooperativas de Trabajo/FECOOTRA son elocuentes cuando señala que “La primer acción fue atender a los sectores más necesitados, y eso está muy bien. Luego avanzó con empresas de lucro con empleados. Los cooperativos quedamos en zona gris. Pedimos los mismo beneficios que las empresas de lucro”. Este problema también fue señalado por la Red Universitaria de Economía Social Solidaria (RUESS) en el documento "Aportes para ampliar, fortalecer y articular las políticas públicas para la Economía Popular, Social y Solidaria", donde advertía la necesidad de "políticas específicas (y) herramientas equivalentes a las que se ofrecen en este contexto de emergencia a las empresas de capital y al resto de trabajadoras y trabajadores. Entre ellas, la necesidad del reconocimiento y atribución de derechos a las múltiples formas de trabajo, más allá del empleo en relación de dependencia…".

Además de la tardanza, lxs entrevistadxs coinciden en que el ofrecimiento de créditos no ha sido una medida valorada por el sector. Entre las explicaciones mencionan que “resultó una política inadecuada para este contexto” porque las cooperativas no se arriesgan a endeudarse en un momento con tanta incertidumbre. Al mismo tiempo, varixs referentes explicaron que “las ventanillas locales del Banco Nación no se ajustaban a la normativa nacional y pedían otros requisitos”.

En relación a los subsidios para lxs trabajadorxs autogestionados, la gran mayoría de organizaciones asociativas entrevistadas solicitaron el PTA para sus asociadxs. Si bien fue muy esperado –especialmente por aquellxs asociadxs a cooperativas de trabajo que no contaban con ninguna otra ayuda para complementar sus ingresos–, el acceso a las prestaciones de emergencias otorgadas por el programa fue deficiente, en la mayoría de los casos, por tres causas principales: los pagos se acreditaron con demoras, algunas solicitudes fueron rechazadas sin explicación, y las prestaciones del programa resultaron tener incompatibilidades no previstas en el diseño.  Con palabras contundentes uno de los entrevistados detalla que “lo gestionamos en abril, recién cobramos a los 4 meses y sólo algunos trabajadores (24 de 58). Excluyó a los que habían cobrado seguro de desempleo (en el último año) y a los que cobraron IFE o créditos para monotributistas. Y agrega en relación a los subsidios que “no salieron; no tuvimos explicación ni posibilidad de diálogo directo”. Tanto referentes de las empresas recuperadas como de cooperativas de trabajo encuentran entre los motivos de las demoras e irregularidades en el acceso que esta área del Ministerio a cargo se encontraría sobrepasada de trabajo por tratarse de la única “ventanilla” con políticas específicas para el sector.

En relación a las medidas de apoyo a la comercialización, en estos meses se activaron varias iniciativas, como detallamos en el apartado anterior. En las entrevistas a organizaciones del Conurbano bonaerense se destacan las intenciones de realizar compras estatales a cooperativas, especialmente de productos textiles e insumos sanitarios, así como el apoyo logístico para la comercialización de alimentos y productos provenientes de la agricultura familiar. Aquí también se registran diversas dificultades de implementación. Se señala que persisten esquemas de pagos estatales que impiden la presentación a organizaciones que no cuenten con un monto importante y “espalda” para esperar el cobro, algo casi imposible para cooperativas que no acceden a créditos de corto plazo ni tienen patrimonio para ofrecer como garantía.

En paralelo al PTA muchxs trabajadorxs de la ESS “en condiciones de vulnerabilidad social” accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Asimismo, un número significativo de trabajadorxs continuaron percibiendo el Salario Social Complementario (SSC) que en estos meses sumó un bono adicional de $3.000. En relación al IFE, las organizaciones entrevistadas de ambos relevamientos señalaron que la gestión del subsidio requirió, en la mayoría de los casos, su ayuda o colaboración para completar la solicitud, acceso a tecnología, y la bancarización de los destinatarixs. Todo ello da fundamento a un señalamiento común referido a la falta de previsión en el diseño de la política de este rol asumido por las organizaciones, que si bien “ayudaron a gestionarlo no obtuvieron recursos”. Aún así, consideran que la medida es fundamental para hacer frente a las necesidades alimentarias, que debería sostenerse e implementarse mensualmente y por un importe que se ajuste a la evolución de los precios de los alimentos. Este tipo de señalamiento sobre la gestión de las políticas se reitera en relación a otros programas, cuya accesibilidad estuvo supeditada a la existencia de organizaciones con capacidad para asumir las tareas administrativas requeridas en cada caso.

En referencia a las estrategias para la implementación de las medidas, en las entrevistas fueron valorados los ámbitos de participación de las organizaciones y trabajadorxs de la ESS. Uno de los casos destacados son las gestiones colectivas llevadas adelante desde el Estado nacional y federaciones y confederaciones frente a empresas de gas y electricidad para establecer las mencionadas tarifas diferenciales para las cooperativas y empresas recuperadas. Otro de los espacios participativos que generan expectativas entre las cooperativas refiere a las comisiones técnicas del INAES, que si bien aún transitan momentos de iniciación, se espera sean ámbitos operativos para construir respuestas a las diferentes necesidades de las cooperativas según su sector.

A pesar de reconocer cierta apertura al diálogo por parte de algunas áreas del gobierno nacional, entre las que destacan el INAES y la Dirección de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo Social, algunxs entrevistadxs puntualizan que no se han institucionalizado espacios mixtos que contemplen la participación de las organizaciones de ESS para el diseño y la implementación de políticas, así como tampoco para la formulación de diagnósticos sobre la situación del sector. Si bien algunas de las áreas a cargo de estas políticas están ocupados por “compañerxs”, la interpretación de la organización de la que forma parte el entrevistado “es que hay un Estado que quiere generar políticas, pero que no deja lugar a que esas políticas sean de gestión participativa con las organizaciones, sino que buscó en los instrumentos del Estado la llegada de esas políticas al territorio”.

En ese sentido, lxs entrevistados de ambos territorios coinciden en plantear la necesidad de ser reconocidos tanto como interlocutores para el diseño y la implementación de las políticas, como actores productivos relevantes de la economía nacional, con capacidad y conocimiento para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de la sociedad argentina en el marco de un proyecto de desarrollo nacional.

Al mismo tiempo que se abrieron nuevos canales de diálogo con la gestión que en diciembre asumió el gobierno nacional, las organizaciones entrevistadas relataron que en el contexto de la pandemia se dio un proceso de fuerte y creciente articulación con otras organizaciones del sector. Por un lado, se organizan colectivamente para fortalecerse como actor político y productivo frente al Estado, visibilizar las problemáticas específicas del sector, solicitar nuevas políticas de apoyo y mejoras en el acceso a las políticas existentes. Por otra parte, muchas articulaciones se orientaron a potenciar las gestiones y presentaciones de proyectos a los diferentes organismos públicos a través de federaciones, confederaciones y otras formas organizativas de gran escala.

 

4. Demandas y propuestas de nuevas políticas para el sector

 

Frente a los problemas históricos que arrastran lxs trabajadorxs y organizaciones de ESS como a los nuevos producidos por la pandemia lxs entrevistadxs no dudan al imaginar nuevas políticas para el sector. En el caso de las organizaciones asociativas, en la coyuntura esperan el equivalente a un ATP que por tratarse de un programa “de emergencia” no debería requerir “tanta documentación y así poder reducir las demoras”.

También hacen referencia al establecimiento de tarifas diferenciales (no sólo por ser cooperativas sino también según la capacidad productiva), a la necesidad de insumos a precios subsidiados, a una política de compras estatales de productos de la ESS y a facilidades para acceder a créditos para la compra de maquinarias. Entre las medidas de mediano y largo plazo mencionan programas para sustituir importaciones con producción cooperativa, reformas impositivas redistributivas en favor de la producción cooperativa y la pluralidad de voces, en el caso de los medios autogestivos, y el reclamo histórico de una ley de Empresas Recuperadas y Cooperativas de Trabajo, donde se institucionalice “una nueva categoría de trabajo para el sector, reconociendo los derechos de los trabajadores asociativos autogestionados”.

Las organizaciones de productorxs y agricultorxs familiares sueñan con la creación de una empresa pública de alimentos con co-gestión de las organizaciones sociales. Asimismo, señalan la necesidad de contar con políticas de apoyo a los canales de comercialización de cadena corta, créditos blandos para la producción de alimentos, y de promoción para la transición a la agroecología.

También proponen una nueva institucionalidad que favorezca y proteja el acceso a la tierra, priorizando la producción de alimentos para las ciudades en los cordones periurbanos (“ley de cinturones verdes”). En esta línea, las organizaciones del conurbano bonaerense subrayan la necesidad de discutir el ordenamiento territorial, regular el uso de la tierra periurbana donde producir alimentos sanos, diferenciando y garantizando los espacios para producción de alimentos de los asignados para vivienda popular. La necesidad de un reordenamiento territorial también es planteada por las organizaciones de cartonerxs, quienes además proponen una política integral de reciclado con inclusión social,  incorporando a las cooperativas en la gestión integral del circuito de producción, recolección y recuperación y reciclado de residuos de cada localidad.

En este recuento de políticas demandadas por la ESS figuran tanto medidas coyunturales como propuestas estructurales, y todas ellas aluden a la necesidad de reconocimiento estatal del trabajo autogestionado como sujeto de derechos y del sector de la ESS como actor productivo relevante con enorme potencial y capacidad de construir una economía centrada en el trabajo. 

 

Reflexiones finales

 

La ESS es un sector muy golpeado en los cuatro años de gobierno de la Alianza Cambiemos, para el cual las promesas de políticas de promoción del nuevo gobierno no habían tenido tiempo de concretarse cuando se inició la pandemia. A la ya difundida desigualdad en las protecciones de sus trabajadores/as, que no acceden a “derechos plenos” y no cuentan con un sistema que los proteja frente al desempleo, por accidentes de trabajo, enfermedades, etc., se suma que en esta etapa los principales programas de apoyo al trabajo y la producción están enfocados en los trabajadores asalariados y sus unidades productivas, tal como detallamos en este artículo.

A pesar de estas dificultades, las organizaciones de ESS están demostrando su capacidad para reorganizarse, reinventarse y proteger a sus asociados o integrantes, ya sea defendiendo los puestos de trabajo, sosteniendo la prestación de servicios aún ante la falta de pago, engrosando la asistencia alimentaria a fuerza de duplicar sus jornadas de trabajo comunitario. 

En el momento en que se escribe este artículo son necesarias y urgentes nuevas políticas de protección a los trabajadorxs autogestionadxs y sus unidades productivas así como las que se orientan a garantizar el acceso a alimentos sanos para toda la población. En ambos casos, el sector de la ESS demanda medidas estructurales que traspasen los inciertos contornos de la coyuntura actual y se orienten a la construcción de una sociedad más solidaria e igualitaria.  El diseño y la implementación de estas políticas requieren de la confluencia y articulación de un conjunto de saberes y protagonistas, no sólo los organismos públicos y las propias organizaciones del sector con fuerte arraigo territorial, sino también las universidades y entidades de apoyo a la ESS como las asociaciones civiles, las agencias de desarrollo, entre otras. 

Al mismo tiempo, estas medidas requieren la articulación y complementariedad entre los diferentes niveles de gobierno para potenciar los esfuerzos realizados con políticas para la post-pandemia que fortalezcan las capacidades productivas, la protección del trabajo y las condiciones de vida de la población.

 

Referencias

 

Barnes, C.; Putero, L.; Vázquez, G. (2020). Las organizaciones de la Economía Social y Solidaria del Área Metropolitana de Buenos Aires en la pandemia. Informe en el marco del proyecto "Prevención y monitoreo del COVID-19 en municipios del Conurbano Bonaerense desde una perspectiva multidimensional”. Proyecto de investigación apoyado por la Agencia I+D+i. Universidad Nacional General Sarmiento. Disponible en: https://www.ungs.edu.ar/ico/investigacion-ico/informes 

 

Hintze, S.; Deux Marzi, V. (2020). La economía popular, social y solidaria en la encrucijada COVID 19 2da. En SERIE ESPECIAL COVID-19 AMBA resiste. Actores territoriales y políticas públicas. Observatorio del Conurbano, ICO/UNGS, agosto 2020. Disponible en: http://observatorioconurbano.ungs.edu.ar/?page_id=13141

 

Instituto del Conurbano/UNGS (2020). El Conurbano en la cuarentena II. Informe del segundo relevamiento a referentes de los barrios populares del Conurbano Bonaerense en el contexto del aislamiento social obligatorio. 22 al 26 de abril 2020. Disponible en: https://www.ungs.edu.ar/new/segundo-informe-de-la-ungs-sobre-la-cuarentena-en-los-barrios-del-conurbano 

 

Manzanelli, P.; Calvo, D. (2020). Informe de Coyuntura N° 33. CIFRA – Centro de Investigación y Formación de la República Argentina/CTA. 24/9/2020

RUESS (2020). Aportes para ampliar, fortalecer y articular las políticas públicas para la economía popular, social y solidaria. Documentos. Disponible en: https://www.ruess.com.ar/aportes-para-ampliar-fortalecer-y-articular-las-politicas-publicas-para-la-economia-popular-social-y 

 

 

 

Enviado: 09/10/2020

Aceptado: 09/10/2020

 

 

Cómo citar este artículo:

 

Deux Marzi, V.; Hintze, S.; y Vazquez, G. (2020). Argentina: políticas y organizaciones de Economía Social y Solidaria en la pandemia. Otra Economía, 13(24), 201-215.

 

 

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